Boluarte propone un penal en El Frontón para 2,000 reos: ¿solución o espectáculo político?

La jefa de Estado, Dina Boluarte Zegarra, anunció este martes por la tarde un proyecto de gran envergadura que busca convertir la isla El Frontón, en el Callao, en un nuevo centro penitenciario destinado a albergar a un contingente de reclusos considerados de alta peligrosidad. Según lo declarado por la mandataria, el centro penitenciario tendría una capacidad para 2,000 internos y se erigiría sobre una superficie que supera los 57,000 metros cuadrados, con un diseño orientado a garantizar "aislamiento efectivo", vigilancia continua y acceso restringido.

En su intervención, Boluarte subrayó que la iniciativa se presentará formalmente este miércoles y que, para acelerar su viabilidad, se suscribirá un convenio de cooperación entre los ministerios de Justicia, Defensa y Vivienda. El objetivo, según afirmó, es reducir los plazos de construcción y comenzar la ejecución de la obra a comienzos del próximo año. La propuesta, que no es nueva en el discurso de seguridad pública, obedece a una lógica de endurecimiento de las medidas ante la percepción de incremento de la peligrosidad en ciertos sectores del país.

Críticos y especialistas consultados por este medio han recordado que la idea de instalar una cárcel en la isla de El Frontón no es inédita y ha sido objeto de debate durante años. El exjefe del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), Wilfredo Pedraza, señaló que “cuando hay crisis vinculadas a la seguridad, se vuelve a reflotar este tema, pero al final no se termina haciendo nada”. Según Pedraza, la inviabilidad de un proyecto de esta naturaleza se sustenta en costos altos de transporte y mantenimiento, la falta de servicios básicos como agua y electricidad, y las complejas logística que implicaría garantizar la seguridad desde un perímetro insular, además del control interno de los reclusos.

El exministro de Justicia añadió que el Gobierno podría estar aprovechando la coyuntura para proyectar una imagen de firmeza, “pareciera que es una forma de jugar con el sentimiento de la comunidad y decir: ‘Ahora somos mano dura y haremos lo que toca hacer’. La verdad es que se están burlando del país”. En la misma línea, otros exjefes del Inpe, como Javier Llaque, señalaron que el costo potencial de un proyecto de esta magnitud podría superar fácilmente varios miles de millones de soles, y debatieron si existen alternativas más viables, como ampliar instalaciones ya existentes.

En declaraciones recogidas por otros medios, el exministro de Economía, David Tuesta, comentó que habría que evaluar si existen opciones más eficientes para enfrentar la problemática de la inseguridad, y sugirió que el proyecto merece un escrutinio técnico y presupuestal riguroso antes de comprometer recursos públicos sustanciales.

Paralelamente, voces especializadas han recordado que la efectividad de un penal depende más del control interno y de la gestión cotidiana que del lugar donde se ubique. Expertos en criminología y políticas penitenciarias han señalado la conveniencia de evaluar alternativas como la ampliación de infraestructuras existentes (por ejemplo, Ancón III o el penal de Challapalca), que podrían ofrecer soluciones más rápidas y costeables si la prioridad es la reducción de la criminalidad y la seguridad de la población.

El anuncio llega en un momento crucial para el debate público sobre cómo equilibrar la seguridad con la eficiencia del gasto público. En las próximas semanas, la ciudadanía y los especialistas estarán atentos a los detalles técnicos del proyecto, al cronograma de construcción y a los compromisos presupuestales que acompañarán la propuesta oficial.

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Hasta este cierre, la versión final del proyecto, así como el convenio interministerial que sustente la iniciativa, se mantenían en proceso de formalización. Las autoridades han insistido en la necesidad de un análisis técnico, social y económico que permita evaluar con claridad las implicaciones de una instalación penitenciaria de este tamaño en una isla y su impacto en la seguridad regional.

Comentarios de los actores consultados destacan una diferencia entre “gestión a prueba de fallos” y “gestión de riesgos”, donde la viabilidad práctica depende de múltiples factores operativos y financieros que requieren una planificación detallada y una ejecución con fuerte supervisión institucional.