Boluarte propone proyecto de ley para ampliar la soberanía y abandonar el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

En un acto oficial celebrado en el marco de un homenaje a las fuerzas del orden —Policía Nacional del Perú y Fuerzas Armadas—, la presidenta Dina Boluarte anunció la próxima presentación de un proyecto de ley destinado a “defender la soberanía nacional”. La mandataria afirmó que la iniciativa pretende ampliar los alcances del concepto jurídico de soberanía para que el Perú pueda “reafirmar, sin ambigüedades ni concesiones, su derecho a decidir su propio destino” frente a lo que describió como intervenciones de organismos internacionales.

La explicación de Boluarte llegó en un contexto político ya complejo, marcado por la aprobación de una ley que permitió amnistía para policías y militares procesados por delitos relacionados con el periodo de conflicto armado interno entre 1980 y 2000. En la lectura de la presidenta, esa decisión legislativa forma parte de un marco más amplio de reposicionamiento soberano del país frente a instituciones supranacionales que, desde su punto de vista, “no deben interferir” en la normativa interna.

“Es imperativo que el Estado se defienda, no solo en términos de integridad territorial, sino también en la plena aplicación de nuestra Constitución y nuestras leyes”, enfatizó la jefa de Estado. En su intervención, añadió que “no vamos a permitir que organismos internacionales interfieran en nuestras decisiones soberanas” y sostuvo que el Perú necesita una norma que actualice la interpretación de este concepto jurídico para responder a la realidad contemporánea.

Boluarte subrayó que el país debe conservar su independencia institucional ante llamados que, según dijo, buscan deslegitimar la legislación peruana. Aseguró que “no aceptaremos que se intente socavar la independencia de nuestras instituciones del Estado con llamados a no aplicar la legislación peruana que emana de una nación libre” y descartó cualquier adhesión a propuestas que, a su juicio, diluyan la soberanía nacional.

El anuncio se da en un momento en que distintas entidades internacionales han cuestionado la posibilidad de una salida peruana de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Expertos y organizaciones observan que una retirada podría afectar la cobertura de derechos humanos en el país y el compromiso con estándares regionales. Boluarte respondió a esas críticas reiterando que “el Perú es libre para promulgar las leyes que considere adecuadas”.

En paralelo, el tema del control institucional volvió a la agenda tras la presencia de Juan José Santiváñez en la escena pública. El exministro del Interior retornó al Ejecutivo para ocupar la cartera de Justicia y Derechos Humanos, lo que podría conducir a una revisión de la posición del Estado ante instancias nacionales e internacionales. La filtración de un discurso anterior de Santiváñez sugirió la posibilidad de impulsar la salida del Perú de la Corte IDH, un tema que, según algunos analistas, podría estar en la órbita de las prioridades del gabinete.

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La presidenta Boluarte también respondió a cuestionamientos sobre su entorno cercano, especialmente tras un allanamiento a la casa de su hermano, el cual calificó como un operativo “arbitrario” y una acción que, en su interpretación, fue fabricada por investigadores para generar expedientes sin sustento. En su relato, defendió a Nicanor Boluarte y afirmó su solidaridad y apoyo ante lo que describió como ataques a la reputación familiar. Aseguró que las insinuaciones sobre vínculos criminales carecen de base y criticó la forma en que se conducen ciertas diligencias, sugiriendo, de manera irónica, que los fiscales y jueces deberían someterse a “autoallanamientos” para verificar el origen de su patrimonio.

La discusión llega en un momento de alta sensibilidad política y en medio de un clima de polarización. Mientras el Gobierno defiende la necesidad de soberanía y autonomía institucional, críticos advierten que un alejamiento de organismos regionales podría debilitar marcos de protección de derechos humanos y reducir la supervisión internacional de actos gubernamentales. Queda por verse cómo avanzará la propuesta legislativa y qué tipo de consenso, si alguno, podría alcanzarse en un entorno político tan fragmentado.