Boluarte promulga amnistía para FF.AA., PNP y comités de autodefensa.

En una ceremonia realizada este mediodía en el Palacio de Gobierno, la presidenta Dina Boluarte promulgó la ley que concede amnistía a integrantes de las Fuerzas Armadas (FF.AA.), la Policía Nacional del Perú (PNP) y a los comités de autodefensa que participaron en operaciones contra el terrorismo entre 1980 y 2000. El acto contó con la presencia de ministros del gabinete y representantes de diversas instituciones, marcando un momento político de alto significado para el manejo de la memoria histórica y la reconciliación nacional.

La Secretaría de Comunicación Estratégica y Prensa del Poder Ejecutivo informó oficialmente sobre el acontecimiento. También formaron parte de la delegación el ministro de Justicia, Enrique Alcántara, y el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, junto a otros miembros del gabinete.

A quiénes alcanza la amnistíaLa norma otorga amnistía a personal de las FF.AA., de la PNP y a los integrantes de comités de autodefensa que no cuenten con una sentencia firme con calidad de cosa juzgada. En consecuencia, podrán beneficiarse aquellos que hayan sido denunciados, estén bajo investigación o procesados por hechos ocurridos en el marco de las operaciones contra el terrorismo. No obstante, la ley excluye a quienes ya han sido condenados.

La medida ha sido presentada por sus defensores como un reconocimiento a quienes enfrentaron amenazas en contextos de violencia y zonas de conflicto, especialmente en áreas rurales. Críticos y organizaciones de derechos humanos advierten, sin embargo, sobre el riesgo de impunidad en posibles crímenes cometidos durante ese periodo y subrayan la necesidad de salvaguardar la memoria de las víctimas y la correcta investigación de posibles violaciones.

Contexto legislativo y debate públicoLa iniciativa, planteada como el Proyecto de Ley 7549/2023-CR, fue aprobada por la Comisión Permanente del Congreso el 9 de julio, en segunda votación, con 16 votos a favor, 11 en contra y sin abstenciones. Desde entonces, el Poder Ejecutivo recibió presiones de diferentes sectores, tanto a favor como en contra, en medio de un intenso debate político y social.

Quienes apoyaron la medida sostienen que muchos involucrados fueron perseguidos judicialmente pese a actuar bajo órdenes superiores y en contextos de emergencia nacional. En contraposición, críticos señalan que la amnistía podría socavar el derecho de las víctimas a la justicia y presentar un obstáculo para las investigaciones de posibles violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el conflicto.

Publicidad

Impacto y perspectivasCon la promulgación, el gobierno busca cerrar un capítulo de la historia reciente y proyectar una narrativa de reconciliación. Sin embargo, las evaluaciones sobre su alcance legal y sus consecuencias para las víctimas, para el sistema de justicia y para la memoria histórica aún están abiertas. Organismos internacionales, defensores de derechos humanos y sectores de la sociedad civil anticipan posibles desafíos judiciales y políticos, así como debates continuos sobre la interpretación de compromisos internacionales en materia de derechos humanos.

En las próximas semanas se espera la emisión de pareceres y posibles acciones administrativas o judiciales que definan la implementación de la norma y su impacto práctico para los actores mencionados y para las víctimas de aquel periodo.