Boluarte pone en aprietos a su ministro de Economía ante dudas sobre pensiones.

En una semana marcada por debates sobre la sostenibilidad fiscal y las pensiones, la Presidenta Dina Boluarte quedó en el centro de la conversación al expresar una posición que parece distanciarse de las posturas defendidas por su propio ministro de Economía. El ministro Raúl Pérez Reyes, en sus intervenciones públicas, había enfatizado que un nuevo retiro de fondos previsionales podría generar costos fiscales y afectar la inversión privada, advirtiendo que “podría colocarnos en una senda de decrecimiento de ahorro local” y que, de aprobarse en el Congreso, habría que observarlo con cautela desde el Ejecutivo.

La crítica de algunos analistas y exministros no tardó en llegar. Para ellos, la lectura de las palabras de la jefa del Ejecutivo sugiere una dinámica de coordinación que, en la práctica, podría verse como una discrepancia entre la visión de la política económica y la interpretación de la estabilidad que debe sostener al país ante mercados internacionales.

La última declaración presidencial fue contundente: tras un proceso de coordinación con el ministro de Economía y Finanzas y atendiendo la preocupación de millones de peruanos que están a la expectativa del próximo retiro de las AFP, el gobierno ha adoptado “una posición favorable” sobre la medida. Sin embargo, la falta de claridad respecto de la posición plasmada por el MEF generó preguntas entre empresarios, analistas y operadores de mercados: ¿cuál es la línea de acción real del Ejecutivo ante una iniciativa de retiro previsional?

En canciones de datos y argumentos, Boluarte insistió en que “el dinero que a todos los trabajadores se les descuenta y va a las AFP o a la ONP es el dinero de la familia que trabaja. Y, si es el dinero de la familia que trabaja, pues la familia tiene que saber en qué momento lo requiere y en qué lo utiliza para el bien de su familia”. Sus palabras, repetidas en distintos escenarios, se leen como un intento de enfatizar la responsabilidad de los ciudadanos con sus recursos, pero también como una señal de la complejidad de una conversación que toca ahorro, jubilación y fiscalidad.

Para el viceministro de Economía, Carlos Casas, las declaraciones de la Presidenta envían una “mala señal” a los mercados, subrayando que existe preocupación internacional sobre la disciplina fiscal del país y su capacidad para cumplir metas prudenciales. En su evaluación, si se aprueba un nuevo retiro, el costo fiscal podría aumentar y dificultar la senda de consolidación fiscal que, según él, el Perú necesita retomar en un horizonte de dos a tres años.

El debate también cuenta con voces que señalan una divergencia entre el discurso oficial y las condiciones reales del sistema previsional. El exministro de Economía David Tuesta afirmó que la postura de Boluarte podría responder a una lógica de populismo y coyuntura mediática, más que a una lectura fiel de la realidad económica. Según Tuesta, la nueva norma que podría beneficiar a ciertos sectores de la población tendría efectos que podrían extenderse más allá del corto plazo, afectando la capacidad del Estado para garantizar una pensión mínima y la estabilidad macroeconómica.

En este marco, el ministro Pérez Reyes reiteró, en varias intervenciones públicas recientes, que su posición, desde el punto de vista técnico, se alinea con un enfoque de responsabilidad fiscal y prudencia. No obstante, las declaraciones de la Presidenta sobre una posición favorable al retiro, sin la contextualización de la postura oficial del MEF, dejaron un vacío de interpretación para quienes observan con atención la coordinación entre los poderes del Estado y sus impactos en la confianza de inversores y ciudadanos.

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La discusión no es meramente ideológica. En juego está el equilibrio entre la posibilidad de retiros extraordinarios y la necesidad de garantizar la solvencia de un sistema previsional que, con reformas parciales o totales, podría influir en la inversión, el consumo y la recaudación fiscal en el mediano plazo. En ese sentido, los analistas coinciden en que una comunicación más clara y una posición gubernamental unificada serían pasos clave para recobrar la credibilidad de los mercados y la ciudadanía.

Mientras el Ejecutivo busca alinear discursos con sus metas de estabilidad y crecimiento, la pregunta persiste: ¿cuál será la postura definitiva y coordinada entre el MEF y la Presidencia ante una propuesta de retiro de fondos previsionales, y qué efectos tendría esa decisión sobre la disciplina fiscal, la inversión y las pensiones de los trabajadores?