Bazán acusa a Santiváñez de “poder en las sombras” y exige explicaciones en el Congreso

En medio de un intenso debate sobre la integridad y la supervisión de las acciones gubernamentales, el congresista Diego Bazán, de Renovación Popular, lanzó una dura crítica al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, al cual calificó como el “poder en las sombras” del gobierno de la presidenta Dina Boluarte. La afirmación se produce en un contexto de cuestionamientos sobre el peritaje fiscal de un audio entre el capitán PNP Junior Izquierdo y Santiváñez, un material que, según Bazán, podría confirmar la autenticidad de la voz que se escucha en la grabación y avivar las dudas sobre su influencia dentro del Ejecutivo.

Bazán expresó que, en cualquier democracia desarrollada, un funcionario con este tipo de evidencia debería haber sido apartado de su cargo. En una entrevista para Canal N, el legislador sostuvo que la situación actual contrasta con prácticas de otros países donde, ante indicios de irregularidades, la autoridad pertinente da un paso al costado para preservar la institucionalidad. “En cualquier democracia desarrollada lo que hubiera sucedido es que la presidenta de la república le habría pedido su salida. Esto definitivamente no va a suceder, porque es, sin lugar a dudas, el poder en la sombra el señor Santiváñez al lado de la presidenta de la república”, afirmó Bazán.

El debate se ha intensificado por la relevancia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en temas críticos para el Gobierno, como la posibilidad de que el Perú se retire de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bazán describió que, ante estos temas, la idoneidad de Santiváñez como ministro debía ser revisada con rigor. “El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos es una cartera de suma importancia para asuntos que hoy preocupan al Ejecutivo”, comentó, destacando que, desde su perspectiva, la designación del actual titular no debía haber ocurrido.

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Además, Bazán adelantó que su bancada, junto a su colega Edward Málaga, ha presentado iniciativas para que Santiváñez comparezca ante el Congreso. “Lo que correspondería luego sería la censura”, sostuvo, dejando entrever que existen otros mecanismos para exigir respuestas y responsabilidad política ante posibles irregularidades.

La discusión llega en un momento en el que la población está atenta a la credibilidad de las instituciones y a la necesidad de una supervisión rigurosa de los funcionarios públicos. Mientras tanto, el ministro Santiváñez no se ha pronunciado de manera pública sobre las acusaciones o sobre el peritaje que, según Bazán, podría confirmar el origen de la voz en el audio filtrado.

Este episodio alimenta el debate sobre la transparencia en el Ejecutivo y la autonomía del Congreso para vigilar a los ministros. En los próximos días, se esperan nuevas declaraciones, posibles comisiones y, para algunos observadores, señales de cómo podría evolucionar la relación entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo en un tema que ya empieza a polarizar a la opinión pública.