Bancadas se retractan de respaldo a la reforma de pensiones: piden correcciones inmediatas

En una vuelta de tuerca inusual en la arena política, varias bancadas que en su momento respaldaron el proyecto de reforma previsional han cambiado su posición y cuestionado lo que entonces apoyaron. Después de que el Ejecutivo expresara su respaldo al proyecto de ley que propone aprobar el octavo retiro de fondos de las AFP, fuerzas políticas antes firmes en la aprobación ahora señalan cambios necesarios y piden “correcciones inmediatas”.

Entre las agrupaciones que retroceden figuran Fuerza Popular, Alianza para el Progreso (APP) y Renovación Popular. Sus voceros y asesores dejarían en claro que el Ejecutivo ha desnaturalizado la esencia de la reforma de pensiones que, según sus explicaciones, intentaba fortalecer la seguridad económica de los trabajadores y el sistema de pensiones en su conjunto. En sus declaraciones públicas, los líderes de estas bancadas argumentan que la propuesta vigente requiere una revisión urgente para evitar distorsiones y efectos no deseados para distintos sectores de la población.

La secuencia de hechos remains relevante: el proyecto de ley fue presentado como una medida para facilitar un nuevo retiro de fondos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Sin embargo, las críticas se han ido acumulando en distintos frentes: desde condiciones para el retiro, hasta el grado de obligatoriedad de aportes y la distribución de costos entre trabajadores independientes y afiliados al sistema.

Cabe recordar que, en su momento, el dictamen a favor de la reforma previsional fue sustentado por el fujimorista César Revilla Villanueva (FP), quien ocupaba la presidencia de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso. Sus argumentos y explicaciones en su momento fueron citados por otros actores como base para justificar la viabilidad de la reforma, lo que hoy se mantiene como punto de análisis y revisión para las bancadas que lideran la crítica.

La ley enviada por el Parlamento al Ejecutivo, en septiembre del año pasado, especificaba que los trabajadores independientes que perciban ingresos (recibos por honorarios) y que se encuentren afiliados al sistema de pensiones deberían aportar obligatoriamente una tasa que oscilaría entre el 2% y el 5%. Este rango es, para los críticos, un punto de quiebre que podría generar efectos diferentes en distintos sectores de trabajadores, especialmente en quienes dependen de ingresos variables.

Publicidad

En el debate público reciente, los voceros de estas bancadas sostienen que el proyecto debe reformularse para preservar la equidad intergeneracional, la suficiencia de rendimientos y la sostenibilidad del sistema, sin sacrificar la estabilidad de los empleados por cuenta propia ni desincentivar la formalización de la economía. También subrayan la necesidad de transparencia en la discusión y de incluir salvaguardas que eviten impactos desproporcionados a trabajadores de menor ingreso.

Analistas políticos señalan que este giro de las bancadas es indicio de una discusión más amplia sobre cómo equilibrar las necesidades de liquidez inmediata de los hogares con la salud financiera a largo plazo del sistema de pensiones. En ese marco, la dinámica entre Ejecutivo y Legislativo podría intensificar las negociaciones y, eventualmente, llevar a un terreno de acuerdos parciales o reformas puntuales que tomen en cuenta inquietudes de distintos sectores.

Aun cuando el debate continúa, la pregunta central para la opinión pública es qué cambios concretos se proponen, qué salvaguardas se mantendrán o se agregarán, y cómo se articulará el equilibrio entre derechos adquiridos, proyecciones de ingresos y responsabilidad fiscal. En este contexto, la sociedad observa con atención cada intervención de las bancadas y cada pronunciamiento del Gobierno, que podría marcar un punto de inflexión en la trayectoria de la reforma de pensiones.