Bancada de Renovación Popular vota contra la lucha contra el ‘gota a gota’ y favorece a los criminales.

En una decisión que ha generado gran controversia, la bancada de Renovación Popular modificó su voto en el Congreso de la República, negándose a apoyar la derogación de la ley que establece topes a las tasas de interés en el sistema financiero. La decisión se produce en un contexto donde las micro y pequeñas empresas (mypes) continúan enfrentando las consecuencias del auge del crédito informal, conocido como ‘gota a gota’, y el avance de organizaciones criminales que ofrecen préstamos peligrosos y coercitivos.

El pasado 12 de marzo, el Congreso aprobó en segunda votación la derogación de esta normativa, con 67 votos a favor, 24 en contra y cinco abstenciones. Sin embargo, posteriormente, la Cámara legislativa decidió repetir la votación debido a un “error en el conteo de votos”, en la que, en esta segunda oportunidad, la mayoría de congresistas mantuvo su postura en contra de la derogación. Entre los cambios más notorios estuvo la posición de varios miembros de la bancada de Renovación Popular, que en la primera votación aprobaron la derogatoria, pero en la segunda votación se pronunciaron en contra.

Este cambio de postura generó numerosas críticas de sectores que consideran que esta ley, lejos de proteger a los prestatarios, ha favorecido la expansión del crédito informal y la criminalidad. Según precisó Daniel Hermoza, director de Mypes Unidas del Perú, “la ley de topes es una norma populista que no ha beneficiado al prestatario formal y, por el contrario, ha empujado a más empresarios hacia el crédito ilegal”. Añadió que “en el Congreso le están haciendo el juego a la criminalidad”.

La ley de topes a las tasas de interés surgió con la intención de proteger a los consumidores de prácticas abusivas, sin embargo, sus efectos han sido contraproducentes. Organizaciones del sector empresarial y las propias mypes advierten que el incremento del crédito informal y la presencia de grupos criminales dedicados al ‘gota a gota’ han causado daños irreparables en sectores vulnerables, especialmente en negocios de atención directa al público como bodegas, panaderías y pequeños comercios en zonas donde el financiamiento formal se ha reducido significativamente.

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Un alarmante estudio de Mypes Unidas del Perú revela que, solo en 2022, alrededor de 3,000 pequeños negocios cerraron sus puertas debido a las extorsiones y métodos coercitivos asociados con el ‘gota a gota’. La situación, que había mejorado en 2023 con solo 300 cierres, sigue siendo preocupante, sobre todo en distritos considerados “zonas liberadas” para estas actividades ilícitas, donde el avance del financiamiento ilegal impide la expansión del crédito formal y promueve la criminalidad.

El Congreso también ha recibido solicitudes de reconsideración por parte de algunos congresistas, como Arturo Alegría y José Jerí, quienes presentaron formalmente sus pedidos por escrito al presidente del Legislativo, en busca de revertir esta decisión y promover estrategias que faciliten el acceso al crédito formal, esencial para la recuperación económica del país.

Para Hermoza, la única salida real para revertir esta crisis es que el Congreso prepare y apruebe leyes que fomenten la inclusión financiera real y que combatan eficazmente a las organizaciones delictivas. Hasta ahora, la norma que limita las tasas ha logrado, en realidad, impulsar el crecimiento del crédito informal y perpetuar la delincuencia.