Autoridades limitan la labor periodística en Cusco: un nuevo capítulo de censura.

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) expresó su firme rechazo ante lo que calificó como una “restrictiva y preocupante acción” ocurrida el pasado viernes 11 de julio en Cusco, durante una actividad conmemorativa en el aniversario del Colegio Educandas y del Colegio Nacional de Ciencias. En esa ocasión, los medios de comunicación que cubrían el evento, encabezado por los ministros de Estado y un congresista, fueron restringidos en su ejercicio informativo, siendo confinados tras rejas, impedidos de movilizarse libremente y de formular preguntas a las autoridades presentes.

La ANP señaló que estos hechos representan una clara restricción a la libertad de información y al trabajo periodístico, un acto que, según su declaración, “atenta contra los derechos constitucionales de los periodistas y de la sociedad que tiene derecho a estar informada”. Varios equipos de prensa, ante la actitud hostil y la violenta restricción, tomaron la decisión de retirarse del lugar, evidenciando el maltrato recibido y el intento de limitar el acceso a la información.

Desde el Ministerio de Educación, en comunicación oficial, señalaron que la presencia de la prensa había sido citada para las 11 de la mañana, pero una demora en el primer acto retrasó toda la agenda. Además, aseguraron que la colocación de vallas en el lugar tenía como finalidad “mantener el orden y garantizar la seguridad de los asistentes y estudiantes”. Sin embargo, estos argumentos no convencieron a la ANP, que recuerda que en ocasiones anteriores, como en la inauguración de una comisaría en Villa María del Triunfo en diciembre pasado, periodistas y vecinos también enfrentaron obstáculos similares, incluso siendo retenidos y contenidos junto a la comunidad.

El incidente en Cusco no es un caso aislado. La ANP reportó que en los primeros cuatro meses del 2025, se registraron 101 ataques contra periodistas en Perú, con predominancia en Lima y en regiones como La Libertad, Piura y Cajamarca. Estas agresiones van desde amenazas y hostigamientos hasta heridas físicas y bloqueos para acceder a información pública, en un contexto donde el discurso y las políticas parecen favorecer la criminalización y la estigmatización del trabajo periodístico.

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Entre los casos más graves, destaca el asesinato del comunicador Gastón Darío Medina Sotomayor en Ica, ocurrido en marzo, quien fue baleado cuando regresaba a su hogar tras denunciar actos de corrupción en las autoridades locales. Además, el reportero Reynaldo Coila, de Radio La Decana, sufrió una brutal agresión por parte de agentes policiales durante una cobertura en protesta, a pesar de identificarse claramente como periodista.

La organización de periodistas reafirmó que estas acciones afectan directamente el derecho de la población a acceder a información veraz y oportuna, y exigió al Estado implementar políticas concretas para garantizar la seguridad y la libertad de los medios de comunicación en todo el territorio nacional. La defensa de la prensa, argumentaron, es una responsabilidad compartida que requiere de compromiso y acción urgente.