Audiencia de Vizcarra se agenda para el 26 de septiembre tras solicitud del propio exgobernante

El Poder Judicial ha reprogramado, hasta el próximo viernes 26 de septiembre, la audiencia de control de acusación contra el expresidente Martín Vizcarra. La decisión, comunicada por el Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, se ejecuta a petición del propio investigado, quien se encuentra bajo investigación por presunta colusión durante su gestión como gobernador regional de Moquegua (2011-2014).

La nueva fecha llega en medio de un proceso que involucra a Vizcarra por supuestas irregularidades en la adjudicación de obras públicas emblemáticas: Lomas de Ilo y el Hospital de Moquegua. Según la imputación, el exgobernador habría concertado con representantes de las empresas Obrainsa e ICCGSA para favorecer estas obras, a cambio de sobornos estimados en S/ 2.3 millones. En su defensa, Vizcarra sostiene que no tenía competencia directa en los procesos de contratación, por lo que sería ajeno a la autoría de un delito de colusión.

El equipo legal del exmandatario también ha planteado la posibilidad de declarar prescrita la acusación, sosteniendo que el plazo legal habría vencido. Sin embargo, el juez de la causa rechazó ese argumento, al recordar que, tratándose de un delito contra el patrimonio del Estado, el plazo de prescripción se duplica.

Con estas circunstancias, el proceso por colusión podría avanzar hacia un eventual juicio oral. Paralelamente, Vizcarra afronta otra acusación por cohecho pasivo, de la que la Fiscalía solicita una pena de 15 años de prisión. La defensa continúa sosteniendo su tesis de que no existía responsabilidad directa en la contratación, reiterando su posición frente a cada una de las imputaciones.

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La audiencia reprogramada permitirá, en primer término, confirmar si la acusación procede tal como fue presentada o si surgen nulidades o ajustes en el marco de la investigación. Expertos consultados señalan que la dilación en estas etapas procesales puede marcar el ritmo de las etapas subsecuentes, que incluyen posibles recursos y, más adelante, un eventual juicio.

Este caso —que mezcla figuras de presunta colusión y cohecho— llega en un momento en que la atención pública se concentra en la transparencia de las contrataciones públicas y en el papel de los exmandatarios en la supervisión de procesos de licitación. Las próximas semanas serán determinantes para entender la trayectoria procesal de Vizcarra y el alcance de las imputaciones en su contra.