Ataque a Agua Marina expone deficiencias de seguridad en eventos y pone en jaque al gobierno

Un ataque armado durante una presentación del grupo Agua Marina, registrado alrededor de las 10:00 p. m. del miércoles en el Círculo Militar de Chorrillos, dejó cinco personas heridas, entre ellas cuatro integrantes de la banda norteña. El hecho ha encendido de nuevo el debate sobre las garantías de seguridad en eventos privados y ha puesto en jaque la capacidad del Estado para enfrentar la extorsión y la criminalidad que afecta a artistas y organizadores de espectáculos en el país.

Según la reconstrucción policial y sanitaria, los agresores abrieron fuego desde la parte trasera del escenario, impactando a varios individuos. Entre los heridos figuran Luis Quiroga (dos heridas de bala: tórax izquierdo y antebrazo), Manuel Quiroga (impacto en el muslo derecho), Javier Ruiz Julca (pecho) y César More Nizama (pecho). Un asistente también resultó herido. Todos fueron evacuados de inmediato a hospitales de la zona; el último reporte indicó que la condición de los lesionados era estable en ese momento y que algunos ya habían recibido el alta.

El Ministerio del Interior (Mininter) respondió que el evento carecía de las garantías necesarias, señalando a los organizadores por no haber gestionado las seguridades correspondientes. Esta versión contrasta con la información de la municipalidad de Chorrillos, que aseguró que el concierto contaba con permisos regulares. La investigación, a cargo de la Fiscalía Penal Corporativa de Chorrillos, avanza para identificar a los responsables de la tentativa de homicidio. Peritos balísticos confirmaron que se realizaron 25 disparos, de los cuales 23 impactaron en el escenario.

Poco después de la agresión se conoció que Agua Marina había denunciado previamente recibir amenazas y solicitudes de extorsión vinculadas a “protección” de sus presentaciones. Las cifras citadas en la denuncia señalan exigencias de entre S/ 30,000 y S/ 50,000 bajo amenazas de muerte. Los músicos habrían informado a la Policía y al Mininter, pero, según familiares y allegados, no habrían recibido apoyo efectivo ni protección policial suficiente.

La respuesta institucional ha generado controversias. En sus comunicaciones oficiales, el Mininter sostuvo que el evento privado no contaba con las garantías emitidas por la Dirección General de Gobierno Interior, y que la Policía de la jurisdicción no fue informada de la realización del show. Por su parte, la defensa y la dirección de la orquesta han cuestionado esa versión, recordando que ya habían denunciado las extorsiones y que, pese a ello, no se brindó protección adecuada.

La investigación y las declaraciones de voces institucionales han sido objeto de críticas contundentes. El Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, hizo un llamado a depurar las estructuras de seguridad y a revisar la infiltración de oficiales de alto mando en redes criminales. Señaló que “tenemos oficiales de alto mando comprometidos con estas redes criminales” y subrayó la necesidad de limpiar el sistema de justicia ante decisiones que favorecen la impunidad. Expertos y exministros consultados por los medios han insistido en la necesidad de fortalecer la inteligencia policial y dotar a las instituciones de recursos para enfrentar la extorsión y el crimen organizado.

En el debate público emergen dos marcos de interpretación. Uno sostiene que la organización de eventos culturales y musicales debe contar con protocolos de seguridad más estrictos, respaldados por planes estatales de prevención y protección a cargo de la Policía y las autoridades municipales. El otro cuestiona la capacidad institucional para garantizar la seguridad en eventos privados de alta concurrencia y la eficacia de la respuesta ante amenazas previas. En este contexto, la presidenta Dina Boluarte ha recibido críticas por afirmaciones que algunos consideran simplistas frente a un fenómeno complejo, y por mensajes que espectadores y actores del sector interpretan como insuficientes para enfrentar el problema.

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La sensación de vulnerabilidad entre músicos, promotores y público crece ante la evidencia de un fenómeno que no es nuevo: la extorsión que ha afectado a artistas y organizadores de espectáculos en distintos puntos del país. Expertos señalan que la solución requiere un enfoque integral que combine inteligencia operativa, recursos tecnológicos y cooperación entre fiscalía, Policía y autoridades locales. En ese sentido, exministros y especialistas han enfatizado la necesidad de un “grupo especial” de lucha contra la extorsión con presupuestos y personal dedicados.

La secuela inmediata del ataque ha sido la unión entre sectores de la sociedad civil y la opinión pública. Las voces que exigen una respuesta firme y transparente se multiplican, mientras el país observa con atención cómo se encaminen las investigaciones, se protejan a las víctimas y se refuercen los estándares de seguridad para eventos culturales. En medio de la tristeza por lo ocurrido, también emergen llamados a reformular políticas de seguridad pública orientadas a prevenir este tipo de atentados y a garantizar que los artistas puedan desarrollar su labor sin vivir bajo la sombra de amenazas.