Arana rechaza relaciones con exfuncionario vinculado a “El Diablo” y denuncia difusión irregular de pruebas

En una sesión extensa y tensa de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Eduardo Arana, presidente del Consejo de Ministros, respondió este miércoles a las denuncias que lo vinculan con el caso conocido como “El Diablo”. El mandatario afirmó categóricamente no conocer al interno Miguel Marcelo Salirrosas y cuestionó la autenticidad de las grabaciones que circulan en medios y redes, asegurando que se trata de una maniobra para desestabilizar al Gobierno.

“Yo no conozco al interno Miguel Marcelo Salirrosas, nunca he traficado para que sea beneficiado con un traslado”, declaró Arana al inicio de su intervención, insistiendo en su inocencia y en su separación de cualquier relación con el expolicía vinculado a una condena por organización criminal. A lo largo de su intervención, el premier sostuvo que las grabaciones difundidas no constituyen material verificado y negó tener responsabilidad política, jurídica o de cualquier tipo en el supuesto entramado.

“Me causa sorpresa e indignación que se use este argumento para desestabilizar al Gobierno”, añadió, buscando contener el impacto político de las revelaciones. Arana también cuestionó la difusión de un audio que, según afirmó, debe permanecer bajo custodia fiscal. “Llama la atención que un medio probatorio en poder del Ministerio Público haya sido difundido libre e impunemente”, afirmó, señalando posibles irregularidades en el manejo de pruebas.

El caso “El Diablo” cobró notoriedad tras la difusión de grabaciones en Panorama que, supuestamente, involucrarían a Arana y al ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, en un presunto favorecimiento al expolicía condenado. La sesión parlamentaria, convocada para esclarecer posibles irregularidades en las gestiones de los ministros, se inserta en un contexto de cuestionamientos crecientes al Ejecutivo, que enfrenta nuevos señalamientos que amenazan con ampliar la crisis política.

Durante su intervención, Arana recalcó que no existe evidencia que respalde las acusaciones y que, si hay información relevante, debe someterse al escrutinio independiente de la Fiscalía y de las instancias pertinentes. Los fiscales y legisladores presentes pidieron a ambas partes que presenten todas las pruebas disponibles para avanzar en una investigación que, de prosperar, podría definir los próximos pasos del gobierno en medio de un pulso entre poderes.

El debate en la Comisión de Fiscalización se prolongó por varias horas, con interrogantes sobre la cadena de custodia de los audios, la procedencia de las grabaciones y la naturaleza de las supuestas gestiones a favor del expolicía. A medida que se acercaba el cierre de la sesión, la atención se centró en si existieron actos de corrupción, conflicto de intereses o simples errores de procedimiento que podrían gatillar sanciones políticas o legales.

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La ciudadanía, observando con atención, espera claridad sobre la veracidad de los registros y sobre si estos hechos reflejan una vulnerabilidad institucional ante la presión mediática. En el anuncio de este miércoles, Arana subrayó su disposición a colaborar con las autoridades para esclarecer la verdad y pidió que se evalúen con rigor las pruebas disponibles, sin permitir que la politización de casos sensibles enturbie el funcionamiento del Ejecutivo.

La investigación y el escrutinio parlamentario continúan, con una expectativa marcada: que se determinen de manera objetiva las circunstancias que dieron origen a las grabaciones y si existen vínculos que ameriten acciones administrativas o judiciales. Mientras tanto, la población observa el desarrollo de un episodio que podría redefinir, en las próximas semanas, la dinámica entre el poder ejecutivo y las instituciones de control.