Aníbal Torres recibirá 6 años y 6 meses de cárcel y está inhabilitado por un año

En la Sala Penal Especial de la Corte Suprema quedó claro: Aníbal Torres Vásquez fue condenado a 6 años y 6 meses de prisión por el delito de conspiración para la rebelión, con inhabilitación para ejercer cargos públicos por un año. La resolución, que fue leída en audiencia pública, establece que la pena debe cumplirse en su modalidad efectiva, y detalla que la decisión se apoya en la participación presunta del acusado en la elaboración de un mensaje a la Nación asociado a un intento de desestabilización institucional.

El tribunal indicó que Torres actuó como coautor en el delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional, en la modalidad de conspiración para una rebelión. En la sentencia se explicó que las propuestas expresadas en el mensaje a la Nación habrían sido integradas con su participación, un aspecto que el colegiado consideró como evidencia de coparticipación en el diseño de la estrategia.

En la misma resolución, la Sala impuso una condena de un año de inhabilitación para ejercer funciones públicas, justificándola con las incapacidades previstas en la normativa aplicable, como la privación de mandato y la imposibilidad de asumir cargos o empleos de carácter público. Adicionalmente, se ordenó la ejecución inmediata de la pena en su modalidad de prisión efectiva, sujetando la ejecución provisional de la sentencia a la posibilidad de apelación. El tribunal aclaró que, en caso de que la defensa presentase recurso, la ejecución quedaría suspendida de manera provisional hasta resolver la apelación.

Publicidad

El fallo también aborda la relación entre Torres y otros actores políticos, subrayando que, tras la lectura del mensaje, Torres y Betssy Chávez se abrazaron, gesto interpretado por la Corte como indicio de anuencia al contenido del mensaje a la Nación. En términos del tribunal, este acto se enmarcó dentro de la evidencia de la colaboración en el desarrollo de la propuesta comunicada al país.

En lo que respecta a la reparación civil, el juzgado fijó una suma de 12 millones de soles, a ser asumida de forma solidaria por Pedro Castillo, Betssy Chávez, Aníbal Torres y Willy Huerta. Esta reparación busca resarcir el daño institucional atribuido al proceso descrito por el tribunal.