Amnistía para violaciones de DD.HH podría reabrir heridas del pasado.

La promesa de promulgar una ley de amnistía para ciertos agentes del Estado durante las décadas de 1980 y 2000 ha reavivado el debate sobre la memoria histórica, la rendición de cuentas y los límites de la impunidad en el Perú. Según informes, el Gobierno de Dina Boluarte anunciará hoy al mediodía la normativa que, según sus impulsores, busca cerrar heridas del pasado y facilitar la reconciliación nacional; sin embargo, sus críticos advierten que la medida podría socavar los derechos humanos y la justicia para las víctimas.

El texto en cuestión, aún no publicado en su versión final, contempla, en su marco general, beneficios para policías, integrantes de las Fuerzas Armadas y comités de autodefensa que incurrieron en violaciones de derechos humanos ocurridas entre los años 1980 y 2000. En particular, la norma podría influir en procesos judiciales en curso o pendientes de resoluciones, y abre la puerta a que los jueces decidan si aplicar la amnistía en cada caso concreto o, en su lugar, dar prevalencia a criterios constitucionales superiores.

El deber de los jueces, en este contexto, ha quedado claramente delineado: ante la presencia de una posible incompatibilidad entre una norma legal y una norma constitucional, prevalece aquella que garantice la supremacía constitucional, de acuerdo con lo que suelen entenderse las disposiciones de la Constitución Política del Perú. La expresión “De existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, los jueces prefieren la primera” ha sido citada como referencia para medir el alcance de la amnistía frente a las obligaciones constitucionales de derechos humanos.

Las repercusiones de la propuesta exceden el marco jurídico: para las víctimas y sus familias, la posibilidad de que se abra un camino de impunidad podría significar una dilución de la responsabilidad estatal y un obstáculo para la verdad histórica. Para juristas y defensores de los derechos humanos, la norma plantea una tensión entre el restablecimiento de la convivencia y la obligación de rendición de cuentas que protege a las víctimas y, en general, a la sociedad.

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El debate se intensifica a la espera de la versión final de la normativa. Quienes respaldan la iniciativa sostienen que la amnistía podría cerrar un capítulo doloroso de la historia reciente y liberar recursos judiciales para avanzar en otros asuntos de justicia transicional. Sus críticos, por su parte, subrayan que cualquier amnistía en casos de violaciones graves de derechos humanos debe estar sujeta a criterios estrictos y no debe socavar la obligación del Estado de investigar, sancionar y reparar a las víctimas.

La jornada de hoy podría definir la dirección de un tema sensible para la política peruana y para la convivencia cívica. En los próximos días, la atención pública se centrará en la lectura y el análisis de la versión final de la norma, así como en las decisiones que tomen los tribunales respecto a su aplicación en casos emblemáticos.