Allanan vivienda de Nicanor Boluarte; investigación se expande a Ayacucho

Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, se convirtió este viernes en el centro de un operativo de allanamiento que se realizó en su vivienda ubicada en San Borja. El Ministerio Público, con el respaldo de la Policía Nacional del Perú, procedió a intervenir una residencia vinculada a la autoridad, en el marco de una nueva carpeta fiscal que ha generado atención en diversos frentes institucionales.

Según las autoridades, la operación se llevó a cabo alrededor de las 5:30 de la mañana en tres puntos conectados con la investigación en curso. Este nuevo expediente, que se originó en torno a presuntos hechos de corrupción y mal uso de funciones, ha encendido el debate sobre posibles redes de relaciones entre autoridades y actores privados. Entre las posibles imputaciones que se contemplan se mencionan:

• Favorecimiento ilícito en la adecuación de términos de referencia en procedimientos vinculados a la Defensoría de la Policía del Ministerio del Interior.

  
  

• Cobros indebidos a cambio de facilitar la permanencia de generales en sus cargos.

  
  

• Favorecimiento ilícito en beneficio de un proyecto minero denominado El Dorado.

  
  

• Encubrimiento y ocultamiento de pruebas.

  
  

Durante las primeras diligencias, el defensor público asignado para el caso informó que Nicanor Boluarte se encuentra presente en el lugar y coopera con las autoridades. En respuesta a estas novedades, el abogado de Boluarte argumentó que la operación representa un abuso por parte de la Fiscalía y aseguró que su cliente mantiene distancia de cualquier vínculo con la minera El Dorado, con el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, ni con Percy Tenorio, todas las personas mencionadas como posibles involucradas en la investigación.

A las dos horas de iniciadas las diligencias, el equipo legal de Boluarte confirmó la presencia del abogado Luis Vivanco en el inmueble de San Borja, quien reiteró su crítica hacia la actuación fiscal y negó cualquier relación entre su patrocinado y las entidades o personas mencionadas en la pesquisa. El conjunto de intervenciones también incluyó un despacho jurídico relacionado con Percy Tenorio, ligado al ministro de Justicia, así como una visita a la Dirección Regional de Energía y Minas de Ayacucho, lo que amplía el marco de la operación a otros organismos y posibles nexos institucionales.

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La Fiscalía, por su parte, no ha emitido un pronunciamiento definitivo sobre las eventuales responsabilidades penales ocasionadas por estas diligencias. Sin embargo, la investigación continúa abierta y se mantiene el foco en las investigaciones preliminares que, según la autoridad, se iniciaron con una “nueva carpeta” y una línea de indagación relacionada con posibles actos de corrupción, uso indebido de funciones y ocultamiento de pruebas.

Este episodio llega en un contexto político ya de por sí complejo y genera interrogantes sobre las conexiones entre funcionarios, asesores y entidades privadas, así como sobre la forma en que se gestionan y supervisan los procesos de contratación y supervisión de activos estratégicos. Las próximas semanas podrían traer nuevos avances, dependiendo de los resultados de las diligencias y de la cooperación de las partes involucradas.