Alejandro Toledo está a un paso de salir en libertad gracias a una ley que favorece a los mayores de 80 años.

El reloj avanza y los días de Alejandro Toledo en prisión parecen estar contados, todo gracias a una ley que recientemente fue sancionada por el Congreso y que puede marcar un antes y un después para varios condenados de alta edad en el país. El expresidente, Sentenciado a 20 años por recibir sobornos de Odebrecht, está a la espera de que el proceso judicial concluya a fin de poder acogerse a esta normativa y, así, obtener su libertad en el ámbito domiciliario.

El abogado del exmandatario, Roberto Su, confirmó a Perú21 que, tras cumplir 80 años el pasado 28 de marzo, su cliente solicitó formalmente al Poder Judicial la aplicación de la nueva norma —la Ley Nº 32181— que fue promulgada en diciembre del año pasado. Se trata de un cambio que busca, desde su perspectiva, humanizar la justicia en casos donde la edad del condenado sea avanzada. Según Su, la petición ya fue presentada y el juez puede resolver en cualquier momento, aunque aún se encuentra en proceso de análisis, comprendiendo que la decisión recae en el magistrado y que la Fiscalía debe expedir su parecer.

La ley en cuestión introduce una modificación sustancial en el artículo 22 del Código Penal, el cual regula la reducción de penas en función de la edad. Ahora, establece que los mayores de 80 años, por motivos humanitarios, pueden beneficiarse de condiciones especiales que permitan su cumplimiento de condena en arresto domiciliario, en lugar de la cárcel tradicional. La norma permite que los jueces consideren estas restricciones a través de los artículos 288 y 290 del nuevo Código Procesal Penal, en los cuales se regulan las condiciones y límites del arresto domiciliario y las decisiones relacionadas.

Se ha generado cierta controversia en torno a este cambio, ya que no hace distinciones entre los tipos de delitos; es decir, que personas condenadas por delitos de corrupción, violencia, terrorismo o crímenes graves pueden argumentar su edad para solicitar este beneficio. La expectativa es que, en breve, se decida si el pedido de Toledo será aceptado, dado que la ley ya está en vigor y su procedimiento jurídicamente está en marcha.

El procedimiento que sigue ahora es que el juez Concepción Carhuancho, quien lleva el caso de Toledo, revise la petición. Él debe notificar a la Fiscalía para que emita su opinión y especificar si existe algún impedimento o condición que deba considerarse antes de conceder la libertad domiciliaria. La resolución final está en manos de la justicia, pero el ejemplo más claro de que otros beneficiarios podrían aprovechar esta ley ya se ha dado: Rómulo Peñaranda, exdirectivo de Alpha Consult condenado por recibir sobornos de Odebrecht, fue sentenciado a 35 años, pero con la condición de cumplir en arresto domiciliario por razones de edad, ya que tiene 82 años.

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Un caso cercano y muy relevante es el de Vladimiro Montesinos, exasesor y cerebro de los más oscuros episodios de la política peruana. A punto de cumplir 80 años, en menos de 20 días, podría presentar su solicitud para que se aplique esta ley y reciba el mismo tratamiento que Peñaranda. En ese momento, el exasesor podrá solicitar formalmente su arresto domiciliario y, si la justicia lo aprueba, podrá pasar sus últimos años en su vivienda, con lo cual prácticamente concluirá su condena.

Este cambio normativo ha puesto en evidencia la tendencia del sistema judicial de considerar la edad avanzada como un factor importante en las decisiones del cumplimiento de condenas. Sin embargo, no deja de generar debate sobre los límites y las condiciones en las que puede aplicarse, especialmente en casos de delitos graves. La justicia peruana tendrá que afrontar en los próximos días estas decisiones, en un escenario que evidencia un movimiento legislativo en pos de una mayor humanización del sistema penitenciario, pero que también plantea preguntas sobre la igualdad ante la ley y la prioridad de justicia en casos de corrupción.