Agrupaciones que votaron a favor de la Ley de Modernización del Sistema Previsional piden su derogación o reforma

La Ley de Modernización del Sistema Previsional, presentada como un esfuerzo por ordenar y modernizar el sistema de pensiones, ha provocado un giro notorio en el Congreso: varias bancadas que votaron a favor ahora emiten comunicados que cuestionan la norma y exigen reformas o, incluso, su derogación. Expertos señalan que, si bien la reforma contiene elementos positivos para la estabilidad del sistema, las posturas dentro del propio Ejecutivo muestran una contradicción persistente que también alimenta la incertidumbre entre los aportantes.

Entre los cambios centrales planteados por la ley, el Gobierno propone que, a partir de junio de 2027, todos los ciudadanos deban afiliarse al Sistema Nacional de Pensiones (ONP) o al Sistema Privado de Pensiones (AFP). En caso de no elegir, se asignará una opción de forma automática. Otro hito clave es que, desde 2028, los aportes de quienes emiten recibos por honorarios comenzarían gradualmente en un 2% y alcanzarían el 5% en 2034. Además, se establece una pensión mínima de S/600 para quienes acumulen al menos 240 Unidades de Aporte (equivalentes a 20 años de contribuciones).

Un componente relevante para el debate público es la limitación para afiliados menores de 40 años: ya no podrán retirar el 95.5% de sus fondos al jubilarse. Las alternativas serían pensión vitalicia o pensión programada. En paralelo, las AFPs verían un ajuste en su estructura de cobro, con una parte fija y otra variable, buscando alinear los incentivos con el rendimiento de las inversiones.

Las declaraciones de la presidenta Dina Boluarte, quien respaldó públicamente el proyecto, añaden otro nivel de complejidad al panorama. Boluarte defendió el enfoque y, citando sus palabras, sostuvo que “el dinero que se descuenta y va a las AFP o a la ONP es el dinero de la familia que trabaja” y que las familias deben decidir cuándo usarlo. Sus palabras levantaron el debate sobre la autonomía de las familias para gestionar sus aportes y retiradas.

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Por su parte, el ministro de Economía, Raúl Pérez Reyes, se pronunció en contra de ampliar los retiros, advirtiendo que ya los retiros anteriores “no han sido convenientes” y que permitir más retiros “pondría en riesgo la pensión mínima de S/600”, además de implicar consecuencias fiscales y macroeconómicas negativas. Este contraste entre mensajes oficiales subraya la tensión entre política social y sostenibilidad fiscal.

Bancadas que apoyaron la norma inicialmente han comenzado a ofrecer comunicados que señalan la necesidad de modificar la reforma. Tres agrupaciones citadas en informes periodísticos, entre ellas Renovación Popular, han mostrado reservas. Renovación Popular anunció la intención de presentar una iniciativa para permitir a los aportantes “decidir libremente el uso de sus fondos previsionales”, aunque en la votación inicial varios de sus integrantes votaron a favor, y en la segunda votación se abstuvieron. Alianza para el Progreso, que sostuvo una postura contraria a la ley, terminó respaldando la norma en el Congreso, con un conteo de votos que mostró cambios entre la primera y la segunda votación. Fuerza Popular también difundió mensajes criticando la desnaturalización de la ley y anunció posibles cambios, pero en la votación final no registró votos en contra ni abstenciones dentro de la bancada.