Admiten denuncia constitucional contra Pedro Castillo y dos exministros por cohecho.

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso admitió a trámite una denuncia presentada por la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, en contra del expresidente Pedro Castillo y de los exministros Geiner Alvarado y Félix Chero. La medida, adoptada con seis votos a favor, dos en contra y dos abstenciones, se dio tras la presentación del informe de calificación durante la sesión encabezada por la presidenta de la subcomisión, Lady Camones (APP).

Según el texto aprobado, Castillo habría solicitado y recibido dinero de Alvarado López entre 2021 y 2022 para movilizar a personas a favor de su gestión, financiar a sus familiares, influir en votaciones de vacancia y, presuntamente, intentar sobornar a jueces en procesos vinculados a sus allegados. El documento añade que Alvarado habría exigido dinero a la empresaria Sada Goray a cambio de favorecerla con cambios en el Fondo Mi Vivienda y la asignación de S/ 376 millones.

En relación con Félix Chero, la denuncia señala que habría recibido dinero por su nombramiento en la Superintendencia de Registros Públicos, beneficio que también habría redundado en la compañía de Sada Goray. El escrito de la fiscalía describe un entramado encaminado a favorecer intereses de la empresaria y a influir en decisiones administrativas relevantes para terceros vinculados al círculo de los denunciados.

La votación se llevó a cabo después de la exposición del informe de calificación, que concluyó con una distribución de responsabilidades y la posibilidad de avanzar hacia el siguiente paso del proceso constitucional. Mientras tanto, distintos sectores han pedido estudiar con rigor las imputaciones y mantener la objetividad para que la investigación siga su curso conforme a la normativa vigente.

Publicidad

Entre los antecedentes que evalúa la Subcomisión se destacan la supuesta influencia en decisiones públicas, la asignación de recursos y la presión ejercida para obtener beneficios económicos, además de la posible vulneración de principios de transparencia y probidad en la gestión pública. Las partes involucradas han reiterado, en distintos momentos, su disposición a colaborar con las diligencias que corresponden a la etapa procedimental.

Este desarrollo llega en un momento de alta atención mediática y política, con miras a clarificar las responsabilidades de funcionarios y exfuncionarios ante la opinión pública y el marco institucional. Se espera que, en las próximas semanas, se definan plazos y próximos pasos para la investigación, así como la posible convocatoria de nuevas declaraciones o pruebas que sirvan para conformar un panorama más claro de los hechos denunciados.