Abstenciones impiden fallo: Comisión de Ética reabre el caso de Lucinda Vásquez

La Comisión de Ética del Congreso no logró obtener la mayoría necesaria de votos para aprobar el informe de investigación en contra de la congresista Lucinda Vásquez, quien es investigada por la presunta contratación de familiares en su despacho. En la sesión de hoy, la votación culminó con una cantidad significativa de abstenciones, lo que dejó el documento sin aprobación y genera la expectativa de una nueva votación en la próxima sesión.

La indagación, que se originó a raíz de un reportaje emitido el 11 de mayo, señala que Vásquez habría incorporado a tres sobrinos-nietos como personal de confianza en su equipo de trabajo. De acuerdo con el material periodístico, uno de los contratados fue Jimmy Pinchi Pezo, a quien se le asignó la función de coordinador del despacho con un salario de 3.146 soles mensuales, pese a no contar con un título universitario registrado.

El reportaje también ubica a Edward Rengifo Nieto como auxiliar en el despacho, con una remuneración superior a los 3.600 soles mensuales, y sin constancia de grado académico ante SUNEDU. Además, la investigación menciona a Kenyi Castro Rivas, otro sobrino-nieto de Vásquez Vela, cuya relación familiar y antecedentes figuran como parte central de la presunta red de favoritismo en la contratación.

A la espera de resolver las dudas planteadas por la investigación, la Comisión de Ética dejó claro que la votación no llegó a la mayoría requerida para emitir un fallo definitivo. En esa línea, se anunció que el informe será sometido a una nueva votación en la próxima sesión, proporcionando a los miembros de la comisión la oportunidad de reconsiderar sus posiciones a la luz de las alegaciones y las pruebas presentadas.

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Fuentes cercanas al proceso subrayaron que el tema mantiene movilizada a la opinión pública, debido a la relevancia de la integridad de los mecanismos de contratación dentro del Congreso. Por su parte, Vásquez no ha ofrecido declaraciones públicas sobre el proceso en curso, y su equipo afirmó que la congresista reitera su compromiso con la transparencia y la legalidad en todas sus gestiones.

Este caso se sitúa en un contexto en el que la ética y la rendición de cuentas de las autoridades pública siguen siendo centro de escrutinio. Mientras la comisión prepara una nueva votación, quedan pendientes respuestas a las preguntas sobre la adecuación de los procesos de contratación y la posible existencia de conflictos de interés, que podrían tener impacto en la confianza ciudadana hacia el accionar legislativo.