Abogado de Humala acusa doble discurso del Ministerio Público y pide revisión de pruebas

La defensa de Ollanta Humala y Nadine Heredia volvió a cuestionar la veracidad y la legalidad del proceso que culminó con la condena de Humala a 15 años de prisión por presunto financiamiento ilícito de campaña, denunciando lo que califican como una “persecución política” contra la familia Humala-Heredia. En entrevista con RPP, el abogado Edinson Huamán apuntó a inconsistencias en la valoración de pruebas y sostuvo que las evidencias utilizadas en el fallo “provienen de Brasil” y deberían ser anuladas según decisiones del Tribunal Supremo Federal de ese país.

“El Ministerio Público tiene un doble discurso. El Ministerio Público suele mentir”, afirmó Huamán, al remarcar que, a su juicio, la selección y la ponderación de documentos fueron irregulares. Según su lectura, “la condena se basó en pruebas falsas” y habría irregularidades en la valoración de documentos que, según él, no fueron imputados formalmente al expresidente por el Ministerio Público. El abogado enfatizó también que existen evidencias con versiones contradictorias que el tribunal no abordó de forma clara.

Sobre la reapertura del caso Madre Mía, Huamán la calificó como “inconstitucional” y recordó que la Corte Suprema ya archivó el expediente, al declarar que no existían méritos para un juicio oral. “Es cosa juzgada y está vigente”, afirmó, añadiendo que, para la defensa, ese proceso forma parte de una “persecución contra la familia Humala-Heredia”.

La entrevista contrastó con la versión oficial de la condena, que sostiene que la sanción se fundamentó en pruebas y documentos que demuestran, de manera objetiva, el financiamiento de campañas sin Ursprung legal. En paralelo, la defensa anunció que evaluará todos los recursos disponibles para impugnar la sentencia y exigir un análisis independiente de la cadena de custodia de las evidencias, así como de la procedencia de los informes provenientes de Brasil.

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Este caso mantiene en el centro del debate político y judicial al propio Humala y a su esposa, protagonistas de una de las gestiones más controvertidas de la última década en el país, y ha reavivado la discusión sobre la independencia del Poder Judicial y la integridad de las investigaciones en procesos de alto impacto público.