Abogado de Dina Boluarte: “En tres años, la Fiscalía no ha encontrado un solo acto de delito”

El Poder Judicial declaró infundado el pedido de la Fiscalía para impedir la salida del país de Dina Boluarte por un plazo de 36 meses, en el marco de la investigación por presunto lavado de activos. La defensa de la exmandataria consideró que las transferencias analizadas no constituyen delito y confió en que la audiencia de la segunda solicitud prevista para este jueves mantendrá la misma línea.

El fallo judicial, emitido el miércoles, rechazó la petición de la Fiscalía contra el Lavado de Activos de impedir la salida del país de Dina Boluarte por tres años. El proceso se enmarca en una investigación que la autoridad acusa de lavado de activos y que involucra una cuenta mancomunada vinculada a Perú Libre, con la finalidad de recaudar fondos de militantes para cubrir una reparación civil impuesta al líder prófugo Vladimir Cerrón.

Juan Carlos Portugal, abogado de la expresidenta, afirmó que las transferencias analizadas entre 2016 y 2022 “no son irregulares o sospechosas”. Según él, “oto‑gar a través de una cuenta mancomunada un depósito a un ciudadano es absolutamente neutral, no es delito. Que existan ingresos o transferencias financieras no significa que exista un desbalance patrimonial y que esa transferencia sea ilícita.” Portugal subrayó que entre casi 365 testigos citados hace tres años, solo 27 fueron incorporados al requerimiento y el monto involucrado es menor a 1.800 soles, señalando que “hemos sincerado los aportes y lo único que hizo la presidenta fue eso: aperturar una cuenta, no registrar los aportes [y] no forzar los aportes. Los aportes fueron voluntarios”.

Las afirmaciones de la defensa contrastan con la posición del Ministerio Público, que durante la audiencia presentó su versión sobre las transferencias y la naturaleza de la cuenta mancomunada. El abogado indicó que “toda la estructura de tres años de investigación” se ha reducido a “absolutamente nada” tras la decisión judicial, y reclamó que se respete la independencia judicial y las resoluciones del juez. Por su parte, la Fiscalía mantiene que la investigación ha permitido determinar indicios relevantes sobre posibles irregularidades vinculadas a la recaudación y el destino de los fondos.

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La decisión judicial sobre el impedimento de salida del país cubría un periodo de 36 meses y forma parte de una diligencia para resguardar la integridad de la investigación. Con la sentencia emitida, la Fiscalía deberá mantener su estrategia y se espera una audiencia de segunda solicitud relacionada con estas medidas, prevista para este jueves. Históricamente, este tipo de medidas busca evitar la evasión de la justicia mientras se avanza en la instrucción de cargos.

Este caso se da en un marco político sensible, donde las autoridades deben equilibrar la necesidad de investigaciones transparentes con el respeto a la presunción de inocencia y a los derechos fundamentales de la exmandataria. La argu– mentación de la defensa respecto a la neutralidad de las cuentas y la voluntariedad de los aportes plantea preguntas sobre la interpretación de las finanzas de campañas y partidos en procesos judiciales complejos.