Abogado de Boluarte niega legalización del cohecho pero admite errores en norma.

La polémica en torno a la reciente modificación normativa que regula la entrega de regalos en Palacio de Gobierno ha aumentado el interés público y ha generado múltiples debates en torno a su alcance y posibles implicancias. La defensa legal de la presidenta Dina Boluarte, a cargo del abogado Juan Carlos Portugal, sale en su defensa y afirma que la norma no constituye un acto delictivo ni legaliza conductas de cohecho, aunque reconoce que su redacción presenta varias imprecisiones técnicas.

En una entrevista en Canal N, Portugal explicó que la normativa, que fue aprobada en las últimas semanas y que ha sido ampliamente cuestionada, respeta los marcos legales vigentes. “Podría decirse que no hay mucha finura en la redacción, porque estableció imprecisiones y supuestos que pueden interpretarse de diversas formas”, señaló, pero enfatizó que no es una legalización del cohecho. “Esta normativa no legaliza ni constitucionaliza un acto de cohecho. Por el contrario, mantiene y respeta las barreras legales existentes”, agregó.

Uno de los aspectos más controversiales de la norma es el aparente conflicto entre el artículo 8, que prohíbe expresamente ciertos regalos, y el artículo 11, que abre excepciones para la recepción de obsequios por parte de funcionarios del despacho presidencial. Portugal sostiene que, aunque existe cierta tensión normativa, “no se está institucionalizando ningún acto de cohecho”. En su opinión, la ley simplemente mantiene las restricciones existentes, reiterando que el cohecho implicaría una contraprestación que en esta normativa no se contempla explícitamente.

Un ejemplo ilustrativo presentado en la entrevista fue el hipotético caso de que la presidenta reciba un reloj Rolex de un amigo cercano. Según Portugal, desde una interpretación literal, el artículo 11 permitiría esa donación, pero aclaró que “una donación no es delito si no está condicionada al ejercicio de la función pública”. Destacó que, en términos generales, “no es delito recibir regalos en el despacho presidencial; ni hoy, ni en el pasado, ni en el pasado remoto”.

¿Una norma hecha a medida?

El debate público se vio avivado luego de que el programa Cuarto Poder revelara que la directiva que regula estos aspectos fue elaborada y aprobada en menos de un día, en un proceso llevado a cabo por el entorno cercano a la presidenta. La normativa, conocida como Directiva 004-2025, fue promovida por la Oficina de Integridad Institucional y aprobada por asesores jurídicos en un período sumamente corto. Esto ha generado suspicacias, especialmente porque la norma permite recibir regalos sin límites económicos, así como pagar viajes y estadías sin criterios claros, lo que podría abrir la puerta a beneficios indebidos.

Antes de esta modificación, la legislación vigente desde 2021 era mucho más restrictiva: solo permitía regalos simbólicos, de bajo valor y por motivos institucionales, con obligaciones de registro y reporte. La relajación de estas restricciones ha sido interpretada por expertos en derecho como un riesgo para la ética y la transparencia en la función pública, y algunos consideran que el cambio favorece una discrecionalidad que podría abrir puertas a posibles abusos.

Por otra parte, llama la atención que el mismo grupo técnico que aprobó esta normativa también participó en el proceso para otorgar un aumento de sueldo al presidente Boluarte, incrementando las dudas sobre posibles coordinaciones entre esas decisiones. Sin embargo, Portugal minimizó estas coincidencias, asegurando que la presidenta no tuvo participación en la aprobación de la directiva, particularmente en el contexto de las investigaciones en curso por presunta recepción de beneficios no declarados.

Implicaciones legales y casos en investigación

A la problemática normativa se suma una investigación fiscal en curso contra Boluarte, relacionada con una supuesta donación ilegal de S/150,000 en el marco del caso Los Dinámicos del Centro. El abogado de la presidenta afirmó que la fiscalía no ha presentado pruebas suficientes para sustentar esas acusaciones y que las denuncias anteriores por negociación incompatible ya fueron archivadas. “La presidenta no participó en contratos ni favoreció a ninguna empresa. No temo a las autoridades, sino a la prueba”, manifestó.

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Finalmente, sobre la posibilidad de que la fiscalía solicite prisión preventiva una vez que cese en el cargo, Portugal señaló que, aunque legalmente podría solicitarse, en términos prácticos resulta improbable si no existe evidencia clara. “Las medidas cautelares deben estar basadas en hechos, no en hipótesis mediáticas”, subrayó.

Con respecto a futuras reformas a la norma, el abogado de Boluarte enfatizó la necesidad de revisar y ajustar el texto para garantizar que tenga una base técnica sólida. Organizaciones y especialistas en ética pública han pedido que se establezca un tope para los regalos, un registro público obligatorio y que se excluyan motivos personales como justificación válida para recibir regalos. Además, el Congreso ya evalúa citar a los responsables para explicar oficialmente el alcance de esta modificación normativa.