2026: la Junta de Fiscales Supremos se renueva y podría reconfigurar el Ministerio Público

En el inicio del año 2026, la Junta de Fiscales Supremos (JFS) se presenta con una composición más diversa y, a la vez, con un matiz político que podría influir en la dinámica del Ministerio Público. Este cambio llega tras la oficialización del regreso de Luis Arce Córdova, cuyo retorno inclina la balanza hacia un sector distinto al que históricamente ha liderado Pablo Sánchez y Zoraida Ávalos. Con Arce Córdova sumándose a la JFS, ya son tres los fiscales supremos titulares que han sido restituidos este año por la vía judicial, destacando un proceso de revisión que ha reconfigurado las fronteras políticas internas de la institución.

Desde la formalización de su cargo en el Diario Oficial El Peruano, Arce Córdova pasa a integrar un grupo de seis miembros, lo que para muchos analistas implica una mayor pluralidad de tendencias dentro de la JFS. Aun así, la institución afronta una fecha clave a mitad de 2026: la posible salida de dos de sus integrantes por límite de edad, lo que podría recambiar de nuevo el tablero y las alianzas dentro del MP.

La semana pasada, la suspensión de Delia Espinoza por seis meses, ordenada por la Junta Nacional de Justicia (JNJ), provocó que Tomás Gálvez asumiera interinamente como fiscal de la Nación, en calidad de sustituto de Espinoza durante ese periodo. Este cambio reintrodujo a Gálvez en la JFS, tras un fallo del Tribunal Constitucional (TC) que, con mayoría, anuló un procedimiento disciplinario de la JNJ por considerarlo inconstitucional, proceso impulsado por la gestión anterior de la Junta y que culminó con la destitución de un fiscal en 2021.

La trayectoria de Gálvez ha generado tensiones con otros protagonistas del MP. En recientes declaraciones, afirmó que “son los responsables de la situación caótica y crítica en la que está el Ministerio Público” en relación con figuras como Pablo Sánchez y Zoraida Ávalos, y cuestionó la continuidad de equipos especiales, a los que culpó de politización. Entre otros señalamientos, criticó a fiscales como Rafael Vela y José Domingo Pérez y ha sido señalado por la remoción de fiscales vinculados al caso Cuellos Blancos, lo que añade una capa de controversia sobre su papel y sus vínculos.

Por el otro lado, Pablo Sánchez ha reconocido, en distintos momentos, vínculos cercanos con actores de la prensa, destacando un intercambio de información en 2019 relacionado con documentos del caso Cuellos Blancos. En su defensa, ha señalado que sus interacciones fueron, en su mayoría, contemporáneas a una situación de trabajo y que no ha tenido una intervención indebida. Zoraida Ávalos, por su parte, ha defendido su gestión y ha negado haber pedido acciones para “no hacer nada” en investigaciones relevantes, ante señalamientos públicos.

Las fechas de salida de Sánchez y Ávalos se scantan para la mitad de 2026, cuando ambos cumplirán el límite de edad institucional para fiscales, lo que podría precipitar nuevos movimientos en la JFS. En paralelo, Patricia Benavides, restituida como fiscal suprema en agosto del año anterior, y Luis Arce Córdova despliegan un dúo que, pese a controversias anteriores, continúa su curso dentro del Ministerio Público. Ambos nombres han mantenido distancias respecto a sus pares en torno a casos como Cuellos Blancos y otros procesos de alto perfil.

A nivel institucional, el camino ha estado marcado por tensiones entre la JNJ y la JFS, en particular respecto a la reincorporación de Benavides y a las funciones de los equipos especiales, cuya existencia se ha puesto en debate. En este contexto, la JFS, con seis integrantes, parece aspirar a una mayor diversidad de enfoques, pero la posibilidad de cambios en 2026 podría reconfigurar nuevamente el equilibrio de poder al interior del MP.

El panorama contemporáneo del Ministerio Público refleja, además, una mezcla de señalamientos, discusiones y procesos judiciales que han definido el rumbo de las carreras fiscales y la agenda de políticas públicas relacionadas con la lucha anticorrupción y la transparencia. En medio de este mosaico, la ciudadanía observa con atención cómo se fortalecen o debilitan las garantías institucionales y la percepción de independencia frente a presiones políticas, periodísticas y judiciales.